Campañas contra la violencia de género: sensibilizar no alcanza si las respuestas no son oportunas

A 16 días del 25 de noviembre, República Dominicana suma al menos 76 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, mientras se anuncian campañas de sensibilización. Los estudios sobre campañas de sensibilización muestran qué logran, dónde se quedan cortas y qué tareas corresponden a las autoridades y a la sociedad civil, es lo que hemos recopilado desde una perspectiva académica y del trabajo en terreno con mujeres y hombres. 

Así es, el 25 de noviembre, fecha que la ONU fijó en 1999, recuerda a las hermanas Mirabal, nuestras heroínas dominicanas asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Gobiernos de otros países ya contratan la difusión de sus campañas para esa fecha; por ejemplo: el Ayuntamiento de Madrid adjudicó la de 2026 a una agencia de medios por 165.289 euros.

Lo que las campañas sí logran

Los estudios académicos reunidos para esta nota coinciden en cuatro efectos.

Sacan de la invisibilidad las violencias silenciosas. Yohan Michel Madrigal Segredo (Vivat Academia, 2026) analizó las campañas de bien público por la no violencia contra la mujer en Cuba. Concluye que iniciativas como EVOLUCIONA logran que las mujeres deslegitimen el acoso y que los hombres reflexionen sobre sus conductas machistas. Se apoya en Manuel Calviño, para quien el valor del bien público está en persuadir para transformar conductas y formar valores, y en Irene Moya Richard, que ve en los medios un espacio para resignificar la realidad y romper estereotipos patriarcales.

Movilizan instituciones y legislación. Kevin Josué Acuña-Andrade, Ángel Joel Sánchez-Caiza y Juan Rojas (Koinonía, 2024) estudiaron la iniciativa Spotlight de la ONU y la Unión Europea. Atribuyen a este tipo de campañas más conciencia pública, avances legislativos, mejor respuesta de los servicios de protección y mayor involucramiento de los hombres en la prevención.

Ponen nombre y rostro a las víctimas. Abeyamí Ortega y Toby Miller analizaron en México #VivasNosQueremos y acciones como las cruces rosas y el proyecto Bordamos Feminicidios. Sostienen que esas acciones crean contra-representaciones que disputan la narrativa oficial del olvido y exigen al Estado el cumplimiento de los derechos humanos.

Definen el delito. La antropóloga Marcela Lagarde planteó que nombrar con precisión el feminicidio permite tipificarlo como crimen de odio por razones de género. También permite ver que estos hechos prosperan donde hay impunidad y un Estado de derecho débil, y que no son episodios aislados ni «pasionales».

Dónde las campañas se quedan cortas

Estos estudios también precisan los desafíos de las campañas que movilizan el mes de noviembre, cada noviembre.

Miden percepción, no muertes. Los resultados que recogen los estudios reseñados hablan de conciencia, deslegitimación y reflexión. No aparecen datos de una reducción de agresiones o feminicidios atribuible a una campaña. Una campaña puede cambiar lo que la gente piensa y aun así no cambiar lo que ocurre en un hogar.

Chocan con las barreras para denunciar. La investigación de Martín Benavides, Paloma Bellatin, Paola Sarmiento y Silvio Campana (GRADE, 2015) sobre comunidades rurales peruanas documenta lo que frena a las víctimas: desconfianza en las instituciones, desconocimiento de sus derechos, temor a represalias, estigma social, distancia y costos de transporte. Los autores también señalan la práctica de promover «conciliaciones» y dilatar expedientes en casos de violencia familiar. Si una campaña invita a denunciar y la comisaría concilia o queda a horas de camino, el mensaje pierde credibilidad.

Trasladan trabajo a la ciudadanía. Pedir a vecinos y familiares que reconozcan señales de riesgo solo sirve si existe un destino claro para esa alerta. El convenio dominicano plantea conectar la movilización ciudadana con respuestas institucionales. En las coberturas revisadas para esta nota no figuran presupuesto, metas ni indicadores de evaluación.

Lo que deben hacer las autoridades

Los estudios de Benavides y coautores, Madrigal Segredo, Acuña-Andrade y coautores, Ortega y Miller, y la fundamentación de Lagarde llevan a seis medidas:

1. Descentralizar los servicios. Asignar presupuestos específicos para que comisarías, fiscalías, juzgados y centros de atención formen unidades itinerantes hacia comunidades rurales y alejadas.
2. Capacitar y fiscalizar. Formar en enfoque de género a policías, fiscales y jueces, controlar que lo apliquen y prohibir las «conciliaciones» y la dilación de expedientes en violencia familiar.
3. Unificar el proceso. Aplicar un trámite único que evite interrogatorios duplicados y asegure la transferencia inmediata de evidencias entre dependencias.
4. Cumplir estándares y medir. Garantizar los tratados internacionales de derechos humanos, unificar bases de datos estadísticas de calidad y agilizar las medidas de protección.
5. Escuchar a las organizaciones de mujeres. Incorporar a colectivos comunitarios y familiares de víctimas en el diseño y seguimiento de las políticas y de las alertas de violencia de género, en lugar de censurar o invisibilizar sus protestas.

Los autores agregan una séptima: delimitar las competencias de cada sistema sin desamparar a las mujeres.

Lo que debe hacer la sociedad civil

Actuar como agente de cambio. Madrigal Segredo propone que ONG y colectivos diseñen y difundan campañas persuasivas de bien público dirigidas a jóvenes y hombres. Su objetivo es identificar y deslegitimar formas silenciosas de agresión: acoso verbal, control digital y violencia psicológica. Calviño advierte que difundir información no basta, porque el fin es formar valores y sostener el cambio de conducta.

Organizar redes comunitarias. Benavides y coautores destacan el papel de organizaciones de mujeres y grupos vecinales como las Defensoras Comunitarias. Acompañan a las víctimas en la ruta de denuncia, canalizan alertas, ofrecen respaldo emocional y exigen cuentas a las autoridades locales.

Sostener la memoria y la vigilancia. Según Ortega y Miller, las acciones de memoria y protesta mantienen visible la impunidad y ponen a los feminicidios en la agenda pública.

Qué mirar en las próximas semanas

El 25N permite una comprobación concreta. Los días dirán si las campañas ya presentadas son algo más que un mensaje: el presupuesto asignado y los indicadores de evaluación publicados, de eso debe hablarse también. Con esos datos, y otros resultados para salvaguardar vidas, la ciudadanía y la prensa pueden comparar lo que la campaña pide con lo que el Estado ofrece cuando una mujer decide denunciar.