Hablemos de paridad… y de poder real
En las calles de Santo Domingo, tras el cierre de la Semana del Impulso a la Paridad Política, una pregunta quedó retumbando con la contundencia de un reclamo histórico: «¿Con qué vamos a competir?».
Más de trescientas mujeres rurales, jóvenes y lideresas comunitarias se congregaron para formarse en el curso nombrado en honor a Milagros Ortiz Bosch, la primera vicepresidenta de la República Dominicana, la mujer que ha vivido en primera fila la construcción de la democracia dominicana.
Así, con esa pregunta y la fortaleza de Ortiz Bosch traían resuelto lo más complejo de edificar en la política tradicional: el arraigo en sus territorios, la legitimidad social y el deseo genuino de transformar sus comunidades. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte de las elecciones de 2028, esa vocación choca de frente con el muro del financiamiento electoral.
Es de esta tesitura que parten las reflexiones de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes… De este dilema cotidiano y pragmático, pues muchas mujeres ejercen un liderazgo sustantivo mucho antes de figurar en una boleta electoral, pero sus trayectorias corren el riesgo de diluirse al entrar a una contienda diseñada bajo profundas asimetrías de dinero y poder.
Esta encrucijada del presente adquiere un sentido más profundo cuando se observa a la luz de la historia del feminismo caribeño y latinoamericano. Tal como señala la politóloga sociofeminista Alejandra Ciriza: «Las feministas podemos solo recuperar fragmentariamente nuestro pasado, apenas podemos reconstruir frágiles genealogías, que a la manera de interrupciones apenas visibles, permiten establecer algunas conexiones desvinculadas y a partir de los temas del presente».
En la República Dominicana, el discurso oficialista sobre la ciudadanía femenina suele reducirse a los hitos legales de la tiranía o a las reformas institucionales recientes. Sin embargo, recuperar esas "interrupciones apenas visibles" nos permite descubrir que el reclamo de autonomía no nació por concesión estatal, sino desde las entrañas del periodismo y el pensamiento de las propias dominicanas a principios del siglo XX.
Al examinar la situación de la paridad en la República Dominicana contemporánea, se constatan avances normativos innegables que reconfiguraron el mapa de la representación descriptiva, y es la que alude y precisa la ministra Reyes.
Ambos hitos oficialistas han obviado que, el 30 de julio de 1927, la jefa de redacción de la revista Fémina, la periodista y mujer de hogar, Consuelo Montalvo de Frías, pronosticaba que el voto sería concedido a las dominicanas para elevar su entidad, argumento que no sobrevino «por inspiración» o «por musa», puesto que esta publicación lo inserta desde 1924 en su agenda de emancipación y de derechos humanos:
«La mujer (sic) dominicana enaltecida por sus incomparables virtudes asciende a entidad. Pronto, muy pronto, irá a las urnas electorales, a depositar su voto desposeído de pasiones, su voto sincero por el ciudadano que sepa defender los sagrados fueros de la libertad. Absolutamente libre, soberana e independiente sabremos mantener la hermosa tierra que meció nuestra cuna y la de nuestros hijos. La mujer quisqueyana antes rezagada en el blanco alcázar de su conciencia, buscó por el sendero de la razón el camino de la cimera y lo encontró. No más será la mártir resignada del egoísmo del hombre, que ella ha sabido hacerse necesaria por su noble gesto mostrado en la revista (sic) Fémina, alto exponente de la entereza de su carácter» (Montalvo de Frías, 1932e: 10, p. 1).
Esta genealogía periodística y emancipadora se remonta a los debates constituyentes de la intervención estadounidense, cuando plumas pioneras ya exigían la plena ciudadanía política. Como escribiera bajo seudónimo la intelectual defensora del sufragismo, Romance (en 1924):
«Pronto estará organizado el gobierno constitucional de la tercera república, y yo quisiera que para la salvación del país y para acercarnos más a la completa civilización, que la primera enmienda a la constitución por el próximo congreso sea: CONCEDERLE EL VOTO A LA MUJER (sic). (…) Todas las naciones en donde existe el sufragio femenino, en donde reconocen los derechos de la mujer son prósperas y civilizadas. (…) Si para las mujeres las leyes rigen igual que para los hombres. ¿POR QUÉ NO PUEDEN ELLAS ELEGIR A LOS QUE VAN A HACER LAS LEYES, QUE MÁS TARDE ELLAS VAN A OBEDECER? (sic)».
Esa misma interpelación resonaba en los círculos de discusión de la época, donde incluso intelectuales debieron admitir la superioridad ética y organizativa de las mujeres en la gestión de lo colectivo. De acuerdo a Amiama Gómez (también en 1924): «otorgar el VOTO A LA MUJER DOMINICANA, que es -positivamente- mucho mejor elemento social entre nosotros, y en la mayor parte de los pueblos cultos (…) Ellas sabrían redactar, mejor que nosotros EL CÓDIGO MUNICIPAL CIENTÍFICO de que carecemos».
Es decir, desde 1924 hasta el presente, el argumento ha mantenido una asombrosa vigencia: la capacidad técnica y comunitaria de las dominicanas es innegable; la verdadera barrera sigue estando en las estructuras masculinizadas que administran el poder y las finanzas públicas.
Al examinar la situación de la paridad en la República Dominicana contemporánea, se constatan avances normativos innegables que reconfiguraron el mapa de la representación descriptiva, y es la que alude y precisa la ministra Reyes. La promulgación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral consagraron una cuota de género que exige un piso no menor al 40% ni mayor al 60% de candidaturas para cada sexo.
Gracias a estas reglas, la presencia femenina en el Congreso Nacional pasó del 11.7% en 1990 al 36.8% en 2024, elevando simultáneamente el índice de democracia electoral del país de 0.453 a 0.705. No obstante, las investigadoras latinoamericanas Flavia Freidenberg y Mariana Caminotti advierten que el fortalecimiento de las reglas electorales de género no basta si no se transforman los mecanismos internos de nominación y competencia en los partidos políticos, que es lo que está haciendo hincapié la ministra Reyes, pionera en ser la Secretaría de Organización del PRM
En ese sentido, doctoras en ciencia política como Karolina Gilas han demostrado empíricamente en su estudio comparado latinoamericano (1990-2024) que la representación descriptiva —el simple número de escaños ocupados por mujeres— no se traduce automáticamente en democracia sustantiva si no está respaldada por un Estado de derecho robusto e integridad institucional. Sin contrapesos efectivos, la inclusión numérica corre el riesgo de ser instrumentalizada por las élites mediante dinámicas de autocratic genderwashing —cooptación simbólica para proyectar modernidad sin ceder verdadero poder decisorio—. Para que la paridad sea legítima y deseada, las legisladoras y candidatas dominicanas deben acceder a espacios de decisión real y no quedar recluidas en comisiones marginales.
El obstáculo estructural más apremiante identificado por la ministra Gloria Reyes reside en las asimetrías del financiamiento político. Aunque la Ley 33-18 establece que al menos un 10% del financiamiento público a los partidos se destine a la educación política, la norma no exige que estos fondos se ejecuten con perspectiva de género. Como señalan las investigadoras politólogas Nélida Archenti y María Inés Tula, cuando las estructuras partidarias operan de manera jerárquica y patriarcal, los recursos financieros, el acceso a los medios y las redes estratégicas se concentran en las cúpulas masculinas. Así, las mujeres ingresan a la boleta electoral por mandato legal, pero compiten en absoluta desventaja económica, viéndose obligadas a financiar sus campañas con escasos recursos propios o a depender del arbitrio de los dirigentes.
«Las feministas podemos solo recuperar fragmentariamente nuestro pasado, apenas podemos reconstruir frágiles genealogías, que a la manera de interrupciones apenas visibles, permiten establecer algunas conexiones desvinculadas y a partir de los temas del presente».
Para romper este cerco, la respuesta institucional dominicana ha comenzado a articular iniciativas de alcance internacional y regional. Durante la Semana del Impulso a la Paridad Política se lanzó la Coalición Regional para Promover el Acceso de las Mujeres al Financiamiento Electoral, promovida junto a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y bajo la coordinación de la República Dominicana.
A este esfuerzo se suman alianzas estratégicas con la sociedad civil —como el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Participación Ciudadana y el Centro de Mujeres Afro Políticas—, junto al acompañamiento de organismos internacionales y referentes regionales como Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, reforzando que la lucha por los recursos electorales es una causa continental.
Paralelamente, el camino hacia 2028 demanda neutralizar los obstáculos institucionales y socio-culturales que menoscaban la efectividad paritaria. La socióloga argentina Laura Albaine ha documentado en sus investigaciones sobre América Latina cómo los sistemas electorales con voto preferencial o listas abiertas terminan fragmentando el voto femenino y distorsionando la alternancia secuencial (hombre-mujer), exponiendo además a las candidatas al acoso y la violencia política en razón de género. Sostener campañas prolongadas en distritos plurinominales sin financiamiento etiquetado genera un desgaste físico, económico y emocional desproporcionado. Proteger la integridad de las candidatas exige blindar la competencia mediante reglas de paridad vertical y horizontal con listas cerradas y sanciones efectivas frente al hostigamiento.
Construir una ruta hacia 2028 donde la paridad sea no solo un mandato legal real, sino una meta ardientemente ansiada por la sociedad, exige una profunda transformación cultural y democrática. Como proponen en sus reflexiones feministas latinoamericanas autoras como Marcela Lagarde, Julieta Paredes y Marilú Rojas Salazar, la paridad no puede reducirse a una negociación entre élites políticas, sino que debe concebirse como un proyecto de "democracia paritaria integral". Esto implica, como ha señalado la ministra Reyes, revalorizar los liderazgos comunitarios, redistribuir los trabajos de cuidado que asfixian el tiempo de las mujeres y democratizar las relaciones sociales en todas las esferas, desde lo doméstico hasta lo institucional, para que las ciudadanas puedan ejercer su poder en plena autonomía.
A dos años de la contienda de 2028, la ruta a seguir está trazada por el hilo histórico que une a Consuelo Montalvo de Frías y las redactoras de Fémina con las trescientas lideresas rurales reunidas en Santo Domingo. Requiere normar con urgencia la ejecución obligatoria con enfoque de género del 10% del fondo de educación partidaria, crear fondos de financiamiento exclusivos para candidaturas de mujeres y garantizar capacitación técnica continua.
Solo cuando el Estado y los partidos aseguren recursos equitativos y estructuras seguras, las dominicanas podrán dejar atrás la angustiante pregunta que se ha planteado la ministra Reyes: «¿Con qué voy a competir?» para proclamar con plena convicción, legitimidad y respaldo: «Esta es la propuesta con la que vamos a transformar nuestro país».
