Consulta revela barreras en empleo, salud e institucionales para las mujeres dominicanas
La Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres expone brechas estructurales en autonomía económica, salud y acceso a la justicia. La República Dominicana asumirá la presidencia de la CSW71, una responsabilidad que llega con deudas pendientes hacia las mujeres del territorio.
Los números no mienten, pero tampoco bastan solos. La Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, cuyos resultados fueron presentados este miércoles por el Ministerio de la Mujer, ofrece una radiografía de lo que las mujeres dominicanas viven en sus cuerpos, en sus comunidades y en sus bolsillos. Y lo que muestra no admite eufemismos: tres de cada cuatro mujeres en el país enfrentan barreras concretas para acceder a un empleo o generar ingresos propios.
La actividad reunió en Santo Domingo a autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, sociedad civil y lideresas comunitarias, en un ejercicio de rendición de cuentas que también proyectó el rol que asumirá el país en la agenda global de género: la República Dominicana presidirá la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW71) para el período 2026-2027.
La trampa de los cuidados y la pobreza
El dato más contundente de la consulta es también el más político: el 75% de las mujeres considera difícil acceder a empleo o generar ingresos propios. Las razones que identifican revelan un sistema que las atrapa en múltiples frentes: falta de oportunidades laborales (38%), carga de cuidados no remunerados (34%) y falta de capacitación (28%).
La carga de cuidados —ese trabajo invisible que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres— aparece aquí no como un dato anecdótico, sino como un mecanismo de exclusión económica. Mientras las mujeres cuidan hijos, adultos mayores y hogares sin remuneración ni reconocimiento, el mercado laboral avanza sin ellas. La autonomía económica no es un lujo: es la condición material que hace posible salir de una relación violenta, tomar decisiones sobre el propio cuerpo y participar en la vida pública.
Saben sus derechos, pero el sistema no los garantiza
Uno de los hallazgos más reveladores de la consulta es la brecha entre conocimiento y acceso efectivo. Un 57% de las mujeres se considera muy informada sobre sus derechos, y las instituciones públicas son su principal fuente de orientación (49%), seguidas por las redes sociales (37%). Sin embargo, saber cuáles son los derechos no equivale a poder ejercerlos.
En materia de acceso a la justicia, el 78% afirma saber a dónde acudir en casos de violencia, y un 68% percibe ese acceso como fácil o muy fácil. Pero la geografía y la economía imponen sus propias leyes: la ubicación territorial (29%) y la situación económica (27%) siguen siendo las principales barreras para acceder efectivamente al sistema de justicia. Son las mujeres rurales, las más pobres, las que quedan fuera del alcance de las instituciones que, en teoría, existen para protegerlas.
El cuerpo como territorio de desigualdad
En salud, el 73% de las mujeres valora los servicios como accesibles. Pero detrás de ese porcentaje se esconden obstáculos que hablan de un sistema que aún no prioriza a las mujeres como sujetas de derechos plenos: costos (42%), distancia (33%) y falta de información (25%) son las barreras más frecuentes.
El dato más preocupante en este eje es que un 52% califica como regular la respuesta institucional en temas de embarazo, parto y cuidado infantil. En un país donde la mortalidad materna sigue siendo una deuda histórica, "regular" no es un resultado aceptable. Es una señal de alerta sobre la calidad de la atención que reciben las mujeres en los momentos más vulnerables de su vida reproductiva.
La ministra Reyes Gómez y el desafío de convertir datos en política
Durante la presentación, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes Gómez, enmarcó los resultados como un punto de inflexión. "Hoy contamos con evidencia territorial y con una lectura clara de las brechas que debemos cerrar, lo que nos permite orientar políticas más eficaces y medibles para garantizar derechos a las mujeres", afirmó.
La evidencia territorial es, en efecto, un avance. La consulta tiene base comunitaria y recoge voces de mujeres en distintos contextos del país. Pero la pregunta que sigue abierta —y que el periodismo feminista tiene la obligación de formular— es: ¿qué políticas concretas, con presupuesto y plazos definidos, se derivarán de estos datos?
RD presidirá la CSW71: una oportunidad con deudas internas
El acto también sirvió para proyectar el rol internacional del país. El representante del UNFPA, Mario Serrano, destacó que la designación de República Dominicana para presidir la CSW71 "representa un reconocimiento al liderazgo del país en la agenda global y una oportunidad estratégica clave". El embajador Wellington Bencosme, de la Misión Permanente ante la ONU en Nueva York, señaló que esta responsabilidad implica "conducir debates y construir consensos internacionales en un contexto de desafíos persistentes para los derechos de las mujeres".
Presidir la CSW71 es, sin duda, un honor diplomático. Pero también es una responsabilidad que se mide hacia adentro: ¿cómo conduce debates internacionales sobre igualdad de género un país donde tres de cada cuatro mujeres no pueden acceder a un empleo? La coherencia entre el discurso global y la realidad territorial será el verdadero indicador del liderazgo dominicano.
Minerva Mirabal como brújula
El acto incluyó un segmento conmemorativo en el marco del centenario del natalicio de Minerva Mirabal, con la participación de Minou Tavárez Mirabal. La conexión no es decorativa: Minerva Mirabal pagó con su vida la osadía de exigir derechos en una dictadura. Hoy, las mujeres dominicanas siguen pagando —con su tiempo, su cuerpo y su autonomía— el costo de un sistema que aún no las reconoce como iguales.
Los datos de la Consulta Nacional son una herramienta. Lo que se haga con ellos definirá si este ejercicio fue un acto de rendición de cuentas genuino o una fotografía institucional sin consecuencias reales para las mujeres que respondieron, desde sus comunidades, con la verdad de sus vidas.
