¿Quién es Maricarmen? El derecho a la vivienda es un reclamo vital de las mujeres españolas
El desgarrador desahucio de Maricarmen Abascal no representa un hecho aislado, sino la cara visible de lo que los estudios académicos definen como la «feminización de la exclusión residencial», un fenómeno donde la brecha salarial, las pensiones reducidas y la escasez de vivienda pública condenan a miles de mujeres mayores y jefas de hogar a una situación de extrema vulnerabilidad.
El desalojo de Maricarmen de su piso en el céntrico barrio de Retiro en Madrid se colocó rápidamente en las cabeceras de la prensa internacional. La imagen de una mujer anciana en silla de ruedas sacada en camilla por comisiones judiciales provocó movilizaciones masivas en la Puerta del Sol y otras capitales españolas, pronunciamientos de figuras del arte y la cultura, tensiones en el seno del Gobierno español y advertencias del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda, Koldo Casla, quien denunció que la legislación española no garantiza la proporcionalidad caso por caso exigida por los estándares internacionales.
Detrás del drama humano se esconde una cifra impactante del mercado inmobiliario español: el Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se construyeron 750 mil viviendas menos de las necesarias para cubrir la demanda. Tan solo en 2025 se crearon 240.000 nuevos hogares, mientras que al mercado únicamente se incorporaron 92.000 viviendas. Esta asfixia de oferta ha provocado incrementos acumulados del precio del alquiler de más del 80% en diez años en ciudades como Madrid, alcanzando promedios de 23,3 euros por metro cuadrado.
¿Quién es Maricarmen? De inquilina de renta antigua a símbolo de resistencia
Maricarmen Abascal es una mujer de 87 años, con movilidad reducida y un 50% de discapacidad evidente. Vivía en la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956, cuando su padre firmó un contrato bajo el régimen de renta antigua. Tras el fallecimiento de sus padres, el contrato subrogó en favor de Maricarmen, quien abona 500 euros mensuales. Sin embargo, la adquisición del inmueble por el fondo de inversión Urbagestión derivó en una batalla judicial que concluyó en que la ley no permitía una segunda sucesión indefinida.
El fondo exigió un alquiler actualizado de hasta 2.650 euros mensuales (y posteriormente planteó 1.650 euros), cifra que superaba por 300 euros la pensión total de Maricarmen, situada en 1.350 euros mensuales. Pese a que una conocida escritora se ofreció de forma anónima a pagar la diferencia para evitar el desahucio y también al pianista, escritor y filántropo James Rhodes, la empresa rechazó la oferta.
El pasado 23 de septiembre de 2026, tras cuatro intentos judiciales, la policía ejecutó el desalojo. Ingresada en el hospital por agotamiento severo, Maricarmen envió un mensaje grabado exigiendo un decreto ley de protección: "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya".
La evidencia científica: La feminización de la exclusión residencial
El drama personal de Maricarmen encaja de forma precisa en los hallazgos de las investigaciones sobre el mercado inmobiliario y el género en España. Las investigaciones del doctor Jordi Bosch Meda destacan que el esfuerzo económico para mantener la vivienda es sistemáticamente mayor entre las mujeres. Más del 41% de los hogares inquilinos en España deben destinar más del 40% de sus ingresos familiares al pago del alquiler, situándose muy por encima del umbral de vulnerabilidad económica.
Además, la discriminación laboral femenina (tasas más altas de desempleo, temporalidad y contratos a tiempo parcial ligados a los cuidados no remunerados) se traduce en pensiones de jubilación e incapacidad sensiblemente inferiores a las de los hombres, perpetuando el riesgo de exclusión residencial en la vejez.
Bosch Meda específica que España cuenta con apenas un 2% a 3% de parque habitacional público y social, frente al promedio de la Unión Europea (8%) o países como los Países Bajos (30%).
La voz de Maricarmen desde una cama de hospital en Madrid llega aquí a Santo Domingo y en cualquier rincón del mundo: la lucha por la vivienda digna es, en su núcleo, la lucha por el derecho de las mujeres a envejecer con seguridad y dignidad.
En ese sentido, los académicos Clara Matutano-Molina y Julio Rodríguez-López indican la presión de las viviendas de Uso Turístico (VUT) y especulación: Estudios sobre la dependencia espacial del alquiler (et al., 2025; , 2025) demuestran la existencia de una relación monotónica positiva entre la concentración de pisos turísticos/Airbnb y el alza inasumible de las rentas en grandes áreas urbanas, generando un círculo vicioso de expulsión de los residentes de menores ingresos.
Una mirada desde la República Dominicana: la vulnerabilidad también prevalece
El caso de Maricarmen encuentra un eco directo en la realidad de las mujeres en la República Dominicana y América Latina, donde los estudios regionales sobre derechos habitacionales (como los desarrollados por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM) identifican patrones de discriminación en aspectos la tenencia de viviendas en la jefatura de hogar, la prevalencia del trabajo informal entre las mujeres vulnerables.
No obstante, documentos como la PIDESC, la CEDAW y la Agenda 2030 (ODS 5 y 11) recuerdan que garantizar una vivienda adecuada a las mujeres no es una concesión asistencial, sino un derecho humano fundamental e inderogable que los Estados deben garantizar mediante políticas públicas efectivas.
La voz de Maricarmen desde una cama de hospital en Madrid llega aquí a Santo Domingo y en cualquier rincón del mundo: la lucha por la vivienda digna es, en su núcleo, la lucha por el derecho de las mujeres a envejecer con seguridad y dignidad.
